Las unidades de vivienda son propiedad de y están gestionadas por una agencia pública, una autoridad local, una cooperativa de viviendas de capital limitado o una entidad sin fines de lucro con una misión orientada exclusivamente al beneficio de los residentes y hogares que no pueden pagar el alquiler de mercado.

Cada complejo de viviendas sociales contiene unidades de vivienda que se adaptan a una mezcla de rangos de ingresos familiares, incluidos los hogares de ingresos extremadamente bajos, muy bajos, bajos y moderados que no pueden pagar el alquiler de mercado, y todas las unidades de vivienda están restringidas permanentemente por escritura a hogares de cada uno de esos niveles de ingresos.

Los residentes de las unidades de vivienda cuentan con plena protección contra la rescisión sin causa justificada o por cualquier motivo discriminatorio, de represalia u otro motivo arbitrario, y se les concederá el debido proceso antes de ser sujetos a procedimientos de desalojo.

Las unidades de vivienda están protegidas durante su vida útil, y los terrenos asociados a las unidades de vivienda están protegidos de forma permanente, para que no se vendan ni transfieran a ninguna persona privada o entidad con fin de lucro o asociación público-privada.

Los residentes tienen derecho a participar de forma directa y significativa en la toma de decisiones que afecten el funcionamiento y la gestión de las unidades de vivienda en las que residen.